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EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Los propietarios deben abonar anualmente esta contribución a los ayuntamientos donde se radiquen sus fincas, viviendas o locales.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es una tasa que se paga una vez al año. Se trata de lo que muchos conocen como el "recibo de la contribución" y consiste en el pago al ayuntamiento correspondiente por parte del titular de un bien inmueble (casa, piso, lonja etc.) de una cantidad estipulada. El IBI se define de esta manera en el Artículo 61 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de 1988, Reguladora de las Haciendas Locales: "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley." El hecho de ser un tributo directo quiere decir que se refiere a un gravamen derivado de la capacidad económica propia de un bien. El IBI, como hemos dicho, se abona cada año. El período de pago suele oscilar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre o el 1 de enero, según los distintos ayuntamientos. La base imponible del IBI es el valor catastral del inmueble, que refleja el valor del suelo que ocupa y de la edificación. Los ayuntamientos pueden gravar este impuesto, como mínimo con un 0,4% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y un 0,3% si se trata de bienes de naturaleza rústica. Lo cierto es que existen diferencias a veces notables entre los diversos municipios ya que el incremento del gravamen puede depender de factores como el número de habitantes del inmueble o localidad, su localización, año de construcción y de otras circunstancias como ser capital de provincia o de comunidad autónoma, prestar servicios públicos etc. Este impuesto lo pagan los titulares de bienes inmuebles, tanto si son urbanos como rústicos, aunque hay excepciones: - Los bienes propiedad de las administraciones (ya sean del Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos) y se relaciones con la defensa nacional, la seguridad ciudadana, y los servicios educativos y penitenciarios. - Los bienes que sean de gobiernos extranjeros dedicados a su representación diplomática (embajadas y consulados). - Tampoco pagan el IBI las carreteras, vías o caminos de uso público. - También están exentos los bienes propiedad de la Iglesia católica y de asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. Respecto al pago del IBI, es importante saber que las viviendas de protección oficial tienen una bonificación del 50 % en la cuota durante un plazo de tres años. De igual manera el primer año que adquirimos un bien inmueble pagaremos sólo la parte proporcional del impuesto correspondiente al período de tiempo desde que hemos comprado el inmueble. Por ejemplo, adquirimos el 1 de julio de 2004 una vivienda gravada con un IBI de 600 euros. A la hora de pagar el IBI de ese año a nosotros nos correspondería pagar solamente la parte correspondiente al tiempo que la vivienda ha sido de nuestra propiedad durante 2004. Esto es, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2004. Si el IBI estipulado es de 600 euros a nosotros nos correspondería abonar 300 y el resto lo pagaría el anterior propietario de la vivienda, ya que la mitad del año ha sido suya.

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Información a nuestros clientes y usuarios.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, TERRENOS E INVERSIONES AGRICOLAS, S.A. (TEINSA), informa de que todos los datos que se recogen están sometidos a dicha Ley y a la Normativa que la desarrolla. TERRENOS E INVERSIONES AGRICOLAS, S.A. (TEINSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguardia de los datos y le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los casos previstos por la Ley, dirijiendose por escrito o por cualquier otro medio a esta Sociedad.

Plazos para solventar defectos de construcción.

Los desperfectos que sufren algunas edificaciones generan habitualmente denuncias y reclamaciones.

La Ley sobre la Ordenación en la Edificación (LOE) de 1999 permite formular reclamaciones judiciales contra los constructores y demás agentes de la construcción. La anterior ley sólo estaba pensada para hacerse cargo de los litigios en caso de ruina grave. Pero la LOE ensancha los límites de la responsabilidad material y subjetiva por vicios de la construcción, en el sentido de que abarca no sólo los "vicios graves ruinógenos", como la ruina técnica y funcional, sino también defectos de obra menores, que comprenden desde los defectos en las instalaciones de agua, calefacción, gas, etc., hasta la defectuosa impermeabilización de los edificios o la adecuada caída de aguas por los canalones, además de las humedades y alteraciones en el proyecto y de materiales junto con la inadecuada ejecución de obras o la utilización de materiales diferentes a los pactados. La LOE identifica quienes son los agentes que intervienen en la edificación y señala que, por ello, han de responder por los daños materiales ocasionados en el edificio. A este respecto, distingue tres plazos diferentes durante los cuales los usuarios de las viviendas pueden ejercitar sus acciones por los daños materiales que perciban en las mismas. Estos plazos son: 1.- Si estos daños fueran originados por lo que se llama acabados de obra, respondería exclusivamente el constructor en el plazo de un año. 2.- Si los daños afectaran a la habitabilidad de la vivienda, como por ejemplo la seguridad de las personas, bienestar, insonorización, aislamiento defectuoso, tiros de chimenea defectuosos, etc., los agentes que intervienen en la edificación (constructor, promotor y técnicos) serían los encargados de responder en el período de tres años. 3.- Si afectan a la cimentación, vigas, soportes, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales que comprometen la resistencia y estabilidad del edificio, el plazo de reclamación será de diez años y los responsables serán todas las entidades que hayan intervenido en la construcción del inmueble.